Amnistía Internacional pide limitar el poder de las ‘big tech’: “Necesitamos una intervención regulatoria urgente”

La organización Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que limiten el poder de las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger los derechos humanos. En concreto, se ha referido a ‘big tech’ como Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y Apple.

Fuentes de la entidad afirman que en multitud de países estas plataformas están tan integradas en la vida cotidiana que la participación significativa en la sociedad ya depende del uso de sus servicios, lo que les otorga un poder enorme a la hora de influir en el discurso público y controlar los flujos de información.

Según precisan, estas firmas “dominan sectores clave” como las redes sociales, los motores de búsquedas, las tiendas de aplicaciones o la computación en la nube, lo que les permite ejercer “una influencia extraordinaria” sobre la infraestructura, los servicios y las normas que configuran “la vida en la esfera digital”.

La responsable de Campañas sobre Tecnología y DDHH de Amnistía Internacional, Beatriz Martos, explica en declaraciones a DISRUPTORES que este “gran poder de control y dominación” hace que puedan moldear y dar forma a cómo los usuarios se relacionan en el mundo digital, modificando la opinión pública en base al contenido que circula. Además, recuerda que estos almacenan los datos personales, con los que obtienen “el máximo beneficio” mediante su venta a terceros.

“Esto, sin duda, afecta directamente a los derechos humanos, específicamente al derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la intimidad y a la vida privada, así como los derechos laborales del personal trabajador de algunas de estas plataformas”, insiste Martos.

Oligarquías tecnológicas

En la misma línea, la asesora de Política e Incidencia sobre Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Hannah Storey, critica que “estas pocas empresas actúan como terratenientes digitales” que determinan cómo los usuarios interactúan en línea. “Es fundamental abordar su dominación, no solo por una cuestión de equidad en el mercado, sino también porque constituye un problema de derechos humanos acuciante”, insiste.

Storey apunta que la ruptura de lo que define como “oligarquías tecnológicas” contribuirá a crear “un entorno digital justo y equitativo”, mientras que la inacción ante esta situación tendrá consecuencias que se materializarán en el plano físico.

Aquí, Martos cita algunos ejemplos que ya han sido denunciados por la entidad, entre ellos, la propagación de mensajes incendiarios y de odio en Facebook contra la población rohyngya en Myanmar y contra la población del Tigray en Etiopía. Según precisa, la investigación que realizaron muestra cómo Meta “contribuyó a la violencia y limpieza étnica de estas poblaciones dando prioridad a la propagación de mensajes de odio”, con el objetivo de “conseguir de esta forma mayor interacción social de los usuarios al compartir, comentar y reaccionar a estas publicaciones, obteniendo mayor beneficio económico al lograr un mayor volumen de datos personales”.

También, recuerda que en un informe publicado a finales de 2023 denunciaron cómo las personas migrantes contratadas para trabajar en los almacenes de Amazon en Arabia Saudí fueron engañadas y estafadas por agencias de contratación y empresas proveedoras de mano de obra y la tecnológica no hizo nada para evitarlo, a pesar de las alertas recibidas.

En definitiva, desde Amnistía Internacional apuntan que existen multitud de casos documentados en los que se han detectado sesgos algorítmicos, prácticas de moderación incoherentes o eliminación de contenidos que ponen de relieve “los peligros de permitir que unas pocas empresas dominen la esfera pública digital”.

El peligro de la IA

La entidad pone el foco, especialmente, en lo relativo a la inteligencia artificial generativa, un nuevo campo que urgen a investigar con el fin de determinar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos derivados de abusos de posición dominante.

Así, la responsable de Campañas sobre Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional afirma que, a pesar de que esta tecnología podría haberse convertido en una oportunidad para que las nuevas empresas “desafiasen el poder de las grandes tecnológicas”, la realidad es que las ‘big tech’ son las que también tienen el control sobre este mercado en crecimiento. De hecho, precisa que estas están integrando “aún más, si cabe, modelos de negocio basados en la violación de los derechos humanos”.

Martos precisa que los LLM (Large Language Models) que están desarrollando estas firmas están entrenados con grandes cantidades de datos de texto, imágenes y videos cuya extracción plantea “serias preocupaciones” sobre el derecho a la privacidad, ya que, “casi siempre”, se hace sin contar con el “debido consentimiento de sus creadores”.

“Por tanto, necesitamos una intervención regulatoria urgente para que el dominio de estas empresas en el desarrollo de la IA generativa no nos aleje aún más de un mundo en línea basado en los derechos de los usuarios”, concluye.

El foco en los gobiernos

Ante este contexto, la organización pone el foco en los Estados, en quienes recae la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Por ello, les pide que, a través de mecanismos como la regulación, adopten medidas que ayuden a controlar el poder de este tipo de empresas.

En concreto, instan a los gobiernos que investiguen a las grandes empresas tecnológicas por los perjuicios a los usuarios asociados a las prácticas anticompetitivas. También, a que desmantelen empresas cuyo poder monopolístico se considere perjudicial o que bloqueen fusiones o adquisiciones que puedan vulnerar las libertades individuales.

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