Lo que das en impuestos vuelve a ti

Nadie en su sano juicio considera que no se hayan de pagar impuestos. Al contrario. La inmensa mayoría de los ciudadanos están convencidos de que hay que hacerlo. Lo que si quieren, es conocer el destino de sus impuestos y la eficiencia y eficacia de su gestión. Esta es, al menos, la información que quienes sufragamos el gasto público a través de nuestros impuestos nos merecemos.

Si el Estado no gestiona los impuestos de forma eficiente y eficaz, quienes han de soportar el coste de su ineficiencia son sus responsables, y no los ciudadanos. De ahí la importancia de ser transparentes y de asumir responsabilidades.

Cualquier persona en su sano juicio tampoco gasta más de lo que ingresa, y procura hacerlo además de forma eficiente. Es, pues, coherente exigir al Estado la diligencia debida en la gestión de nuestros impuestos. No hay que olvidar que el gasto público tiene como límite natural el importe que los ciudadanos pueden razonablemente soportar a través de impuestos.

En este contexto, es evidente que cuanto mayor es la riqueza de un país, mayor es también su recaudación potencial. Sin embargo, una presión fiscal exagerada desincentiva la inversión y limita el crecimiento.Por su parte, dado que la presión fiscal tiene como límite natural el importe que hemos dicho, la creación de riqueza es la pieza esencial del puzle. Hay que tener en cuenta que la recaudación aumenta cuanto mayor es la riqueza, y no solo cuanto mayor es la progresividad del sistema tributario, o su presión fiscal.

Pero, además, la sostenibilidad económica de cualquier país no depende realmente del nivel de su progresividad tributaria, sino del importe de riqueza que seamos capaces de generar. Sin esta, no hay Estado ni bienestar posibles. Además, a mayor riqueza de un país, mayores son las posibilidades de mejorar su Estado del Bienestar. De ahí la importancia de promoverla y mantenerla, sin poner en peligro el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Por su parte, no hay que olvidar que, en mi opinión, el Estado solo debería ayudar a los ciudadanos que realmente lo necesiten, esto es, a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Destinando los impuestos a cubrir sus necesidades básicas, se redistribuye la riqueza. Esto significa que las políticas selectivas de gasto son más redistributivas que las universales y permiten de forma más efectiva disminuir la desigualdad y mejorar la redistribución. De ahí, la importancia de la progresividad en el gasto.

En definitiva, el Estado ha de garantizar la vida digna de sus ciudadanos, es decir, sus necesidades básicas como trabajo, sanidad, educación, vivienda y otros servicios esenciales como luz, agua, gas, alimentación, vestido, calzado, entre otros.

Pero garantizar esa vida digna no es reconocer el derecho a una prestación económica que permita cubrir tales necesidades, sino promover un contexto social y económico que les permita satisfacerlas por sí mismos a través de un trabajo y una retribución dignos.

Precisamente por ello, solo en los casos de vulnerabilidad el Estado ha de garantizar los ingresos mínimos que permitan cubrir las necesidades de ese colectivo. De esta forma, el Estado asume una responsabilidad subsidiaria respecto a las personas, ayudando de forma prioritaria a quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas a través de sus ingresos.

No hay que olvidar que la finalidad del Estado no es la de sustituir al individuo, sino la de procurar el bienestar de la sociedad en su conjunto, garantizar la cobertura de las necesidades básicas de quienes incurran en vulnerabilidad, e intervenir allí donde el ciudadano no puede hacerlo individualmente, o no le corresponde, es decir, garantizando el bien común.

En este contexto, es muy importante que el Estado se esfuerce en informar sobre el destino de los impuestos, o, mejor, cómo estos han contribuido a disminuir la desigualdad y a redistribuir la riqueza.

En esta misma línea, es también necesario conocer qué políticas de gasto se han realizado para asegurar que las ayudas hayan llegado a sus verdaderos destinatarios, y qué inspecciones se han hecho para evitar el fraude en la obtención de tales ayudas.

En definitiva, sería deseable que el ciudadano pudiera visualizar los resultados de las políticas de gasto que se han hecho para erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones. En este sentido, sería conveniente universalizar la obligación de presentar la declaración del IRPF y vehiculizar a través de ella las ayudas correspondientes. Aunque parezca mentira, no existe hoy un censo de pobreza.

Debería también informarse del resultado de aquellas otras políticas que el Estado ha aplicado para mejorar y complementar el bienestar de los ciudadanos, por ejemplo, sus políticas activas en materia de cambio climático, energía, cultura, sanidad, educación o vivienda, así como el impacto positivo que han tenido.

Sin embargo, parece que el camino elegido es otro distinto. Al menos, eso es lo que se desprende tras visualizar los spots publicitarios de la campaña impulsada por el Ministerio de Hacienda, denominada “lo que das, vuelve”, de los que se infiere un Estado más bien paternalista, muy distinto al que he señalado, que nada dice de la eficiencia y eficacia de sus políticas de gasto, ni de su contribución al bien común, y, en definitiva, al bienestar de la sociedad en su conjunto.

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