La IA podría reducir un 28 % los ingresos por derechos de autor musicales según la SGAE

• EFE

Actualizado 10/09/2025
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14:03CEST

El uso creciente de inteligencia artificial aplicada a la música podría generar la pérdida de hasta un 28 % de ingresos en concepto de derechos de autor, alrededor de unos 100 millones de euros para 2028, según ha revelado un estudio de SGAE.

Dicho informe ha sido elaborado por Know Media en colaboración con la Universidad Carlos III, considera que la pérdida acumulada desde este mismo año y hasta ese horizonte de 2028 podría ser de entre 160 y 180 millones.

La conclusión es fruto de encuestas sobre una muestra diversa de más de 1.200 creadores musicales en España, de una variedad de estilos y con diferentes niveles de ingresos para conocer su aproximación a esta tecnología, así como entrevistas en profundidad con una selección de profesionales y expertos representativos de distintos segmentos del ecosistema musical.

El estudio ha tenido en cuenta otros informes similares realizados en diferentes países, con conclusiones en línea en cuanto a las “estimaciones de afectación” sobre los autores españoles. En el mismo, se subraya que “la industria del entretenimiento en España ha demostrado históricamente una elevada permeabilidad a la adopción de tecnologías que optimicen procesos y reduzcan costes“.

En ese sentido, se ha encontrado que un 34 % de las personas encuestadas ya han utilizado herramientas de IA en algún momento y un 17 % adicional han expresado su intención de hacerlo próximamente, especialmente en los ámbitos de la composición, la producción y la promoción musical.

A pesar de ello, el sentimiento general del colectivo autoral es “una combinación de incertidumbre y preocupación” por la reducción de ingresos o un posible abuso de esta tecnología generativa. Según el estudio, un 36 % teme “quedarse fuera del mercado” si prescinde de su uso al considerarla un apoyo para reducir costes, pero un 26 % también se muestra preocupados por ser reemplazado progresivamente por ella. En ese sentido, el informe señala que la demanda de una regulación específica y eficaz es “unánime”.

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